Miércoles 19 de febrero de 2025. El pasado 19 de febrero se llevó a cabo la Presentación de la 3ra publicación: Informe “El derecho a la educación en la movilidad humana en América Central, República Dominicana y México”, orientada a la Contribución de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) a la promoción y protección del derecho a la educación en la movilidad humana.
Esta publicación proporciona una sistematización y análisis de las iniciativas emprendidas por este sector que se orientan a garantizar el derecho a la educación en la movilidad humana en América Central, República Dominicana y México. Las acciones que llevan adelante las OSC van desde la provisión de bienes o servicios primarios para atender necesidades básicas hasta impulsar iniciativas que aborden las causas estructurales del fenómeno, trabajando en colaboración con actores locales y comunitarios.
Las organizaciones incluso pueden tomar acciones de abogacía y de reivindicación respecto a actores gubernamentales e intergubernamentales, buscando incidir en políticas públicas y marcos normativos para fortalecer la protección de las personas en situación de movilidad. Así, las OSC junto a otros actores clave cumplen un rol fundamental en el fenómeno de la movilidad humana, en forma complementaria a la responsabilidad indelegable de los Estados de garantizar y restituir derechos.
Las OSC son un actor estratégico que ha mostrado que es posible superar la visión caritativa hacia las personas en situación de movilidad, conciliando ello con una perspectiva de derechos humanos, que reconoce a estas poblaciones como titulares de derechos (Perelló y Lacomba, 2020) y con capacidad de liderazgo en los procesos de transformación. A este respecto, el empoderamiento de las comunidades y las transferencias de la cooperación internacional al nivel local favorecen la eliminación de los costos de transacción, siguiendo con los lineamientos del Gran Acuerdo (2016).
Contexto de la situación de movilidad
La situación actual de la movilidad humana a nivel global y subregional es alarmante, con flujos migratorios cada vez más intensos y en constante crecimiento, alcanzando niveles históricos desde que se tiene registro (UNESCO, 2024). La complejidad del fenómeno radica en la multiplicidad de factores que lo impulsan, que van desde los conflictos armados, situaciones de violencia y violaciones de derechos humanos, hasta la falta de oportunidades, la pobreza y factores con causas emergentes de gran impacto derivadas de la crisis climática. A este respecto, las estimaciones indican que, si no se toman medidas urgentes, para 2050 cerca de 216 millones de personas podrían ser desplazadas internamente por razones climáticas (Banco Mundial, 2021), siendo 17 millones solo en Centroamérica y México (PNUD, 2024).
Se suma a lo descrito que las trayectorias de vida de las personas en situación de movilidad se encuentran a menudo marcadas por diferentes tipos de violencias, desigualdades y una acumulación de desventajas (UNESCO, 2024a). En este sentido, la garantía de derechos a estas poblaciones, incluido su derecho a la educación, es un desafío clave para que nadie se quede atrás ni afuera (ONU, 2015).
Garantizar el derecho a la educación en contextos de movilidad humana, es un desafío cada vez más complejo en América Latina y el Caribe. En los últimos 15 años, la región ha experimentado la mayor tasa de crecimiento de personas en situación de movilidad en el mundo (OIM, 2021), con un patrón de movilidad intrarregional que la convierte simultáneamente en un punto de origen, tránsito y destino para estas poblaciones (UNESCO, 2024a).
Esta situación se acompaña de los persistentes niveles de desigualdad, baja movilidad social y débil cohesión social que caracterizan a la región (ONU, 2024a), además de las crecientes situaciones de emergencia, riesgo y crisis tanto políticas como sociales, que han puesto a prueba las capacidades de respuesta para garantizar los derechos de estas poblaciones.
En el ámbito educativo el reto es aún mayor, pues a pesar de los esfuerzos de recuperación tras la pandemia de la COVID-19, la región ocupa el segundo lugar en rezago educativo a nivel mundial (Banco Mundial et al., 2022) y, de seguir a este mismo ritmo, es posible que no pueda alcanzar las metas de educación establecidas en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas (UNESCO, 2022a).
El Informe “El derecho a la educación en la movilidad humana en América Central, República Dominicana y México” es una iniciativa liderada por la UNESCO y la CECC/SICA junto a ACNUR, OIM, UNICEF, el Consejo Noruego para Refugiados (NCR por su sigla en inglés) y RET International, con la colaboración de la Fundación SES y la Cátedra UNESCO para el Desarrollo de la Educación Internacional en la Universidad George Washington (Estados Unidos). Todos estos organismos se unen con el fin de proporcionar una sistematización y análisis de las iniciativas emprendidas por este sector que se orientan a garantizar el derecho a la educación en la movilidad humana en América Central, República Dominicana y México.
- Conoce más de esta presentación del informe, a través de: https://www.youtube.com/watch?v=jI9lzwTu1SM
